Releo las notas que dejé caer, casi con urgencia, en el cuaderno nuevo que estrené el día que visité la exposición de Marwa Arsanios. Las palabras aún conservan la vibración de aquel momento: «Activar distintas estrategias para comunalizar la tierra. Acabar con la propiedad privada y colonialista del suelo. Desde lo bélico hasta lo artístico; desde la ocupación de espacios en disputa a través de la agroecología, hasta la creación de leyes que permitan comunalizar el uso y la propiedad del suelo».
Al releerlas, siento que no son simples apuntes, sino una suerte de latido. Salí de aquella sala con la certeza —casi incómoda por su claridad— de que el origen de casi todos los conflictos, de muchas heridas que atraviesan nuestro presente, se condensa en esa pugna antigua y persistente: la lucha por la tierra. La necesidad elemental de un pedazo de suelo donde arraigar la vida en común. El anhelo de un espacio que pueda ser habitado, cuidado y gestionado colectivamente. Porque, en el fondo, quizá todo se reduzca a eso: a la posibilidad de echar raíces sin pedir permiso y de sostener la vida junto a otras, sobre una tierra que no sea de nadie y, que al mismo tiempo pueda ser de todas.
En Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Karl Marx advertía que la naturaleza no alumbra, de un lado, a propietarios de dinero y mercancías y, del otro, a seres humanos despojados de todo salvo de su propia fuerza de trabajo. Esa fractura no brota de ninguna ley eterna ni de un orden natural inmutable; es la cicatriz de un proceso histórico, el resultado de revoluciones económicas sucesivas y de la lenta desaparición de formas más antiguas de producción y de vida en común. Es en la evolución de la propiedad del suelo —y otros bienes—, y más precisamente, en la expropiación de los bienes comunales y en la persecución de las estructuras sociales que los sostenían, donde puede leerse la victoria del capitalismo. Los comunes -el suelo compartido, los bosques y montes comunales, las aguas vecinales, etc.- han sido durante siglos el campo de batalla de un sistema que ha ido privatizando lo que antes era vínculo y sustento colectivo.
El capitalismo no emergió como una simple evolución, sino como una irrupción que desmanteló sociedades articuladas en torno a la propiedad comunal y al trabajo cooperativo, muchas de ellas enlazadas por vastas redes de intercambio. Antes de la colonización, la cooperación era norma desde las orillas del Índico hasta las alturas andinas: basta recordar el Ayllu en Bolivia y Perú, o las formas comunales africanas que aún laten en el siglo XXI. También en Europa existieron sociedades sostenidas por el uso colectivo de la tierra y por prácticas comunales que, en su fricción cotidiana con el poder feudal, ensayaron modelos inéditos de colaboración, como los impulsados por movimientos heréticos —cátaros, valdenses— que imaginaron otras maneras de habitar lo común.
No es casual que para imponerse el capitalismo necesitara desplegar una violencia devastadora: la persecución, el disciplinamiento de los cuerpos, el exterminio de miles de mujeres durante los siglos de caza de brujas. Como sostiene Silvia Federici enEl patriarcado del salario. Críticas feministas al Marxismo, «Lejos de ser un motor de progreso, el desarrollo del capitalismo fue la contrarrevolución que destruyó las nuevas formas de comunalismo surgidas en el enfrentamiento y de aquellas presentes en los señoríos feudales, basadas en el uso compartido de los comunes».
En la exposición de Marwa Arsanios, las piezas audiovisuales no se limitan a documentar: proponen. Cada una abre una grieta en la idea hegemónica de propiedad y ensaya, desde territorios en conflicto, otras formas posibles de habitar la tierra.
El primer video avanza con una cadencia lenta, casi geológica. La cámara se demora en las montañas, en la textura del suelo, en la respiración del paisaje. Una voz en off femenina, atraviesa las imágenes. Por momentos parece que fuera la propia montaña la que habla, como si la verdad brotará de la roca. El mensaje es sencillo y radical: podríamos vivir y habitar de otras formas, porque esta tierra es de todas y no es de nadie.
En el Kurdistán, donde la posibilidad de la autodeterminación sigue siendo una cuestión pendiente, la tierra no es una abstracción teórica sino una herida abierta. Marwa nos explicaba cómo «el suelo, la tierra y el paisaje son elementos que se sitúan en el centro de la ideología kurda», y en esa primera pieza se percibe el peso de un sufrimiento histórico donde el territorio es memoria, pero sobre todo, campo de disputa.
Sin recurrir al formato clásico del documental, los dos primeros trabajos de la muestra tienen algo de gesto pedagógico. Si el primero articula la cosmovisión del Movimiento de Mujeres Autónomas del Kurdistán a través del paisaje, el segundo pone rostro y voz a esa teoría. Escuchamos a mujeres que han decidido, como explicaba la propia artista, «vivir de otra manera, pero muy conscientemente, produciendo otro tipo de habitat».
La segunda pieza se sitúa en Jinwar, una aldea levantada y habitada por mujeres en el Kurdistán sirio. En kurmanji, jinwar significa ‘tierra de mujeres’, y el proyecto se inspira en la jineolojî, la ciencia de las mujeres formulada por Abdullah Öcalan, que imagina una sociedad libre de patriarcado. Desde 2018, mujeres y niñes viven allí en comunidad, organizadas en torno a prácticas agroecológicas y formas de autogestión. Treinta viviendas, tierras de cultivo, una escuela, una granja y una panadería componen este oasis que funciona, a la vez, como refugio y como declaración política.
Jinwar se encuentra en el noreste de Siria, en la región conocida como Rojava, cerca de zonas ocupadas por el gobierno de Erdoğan. En ese territorio convulso, grupos armados respaldados por Turquía han atacado repetidamente ciudades y pueblos, forzando nuevos desplazamientos y prolongando un ciclo de violencia que no se ha cerrado desde la irrupción del autodenominado Estado Islámico. En ese contexto, la experiencia de Jinwar adquiere un espesor particular: es una utopía que no espera tiempos mejores, sino que se construye en medio del conflicto.
Con el apoyo de autoridades locales y organizaciones humanitarias, un grupo de mujeres comenzó a levantar la aldea buscando crear un espacio seguro. Pero el proyecto va más allá de la protección. Jinwar quiere demostrar que es posible organizar la vida sin una figura central de poder. Las asambleas son abiertas; las decisiones, colectivas. No hay liderazgo unipersonal, sino una práctica democrática cotidiana que ensaya, en pequeño, otro modelo de sociedad. En Jiwar la utopía se construye, a pesar —o como respuesta— del conflicto bélico y la lucha por la tierra. Es una anomalía deliberada: una comunidad que encarna, aquí y ahora, la igualdad que proclama. Tal vez esa sea la lección más insistente de la exposición: la lucha no solo consiste en crear las condiciones que permitan la utopía, sino en encarnarlas. No aplazar la utopía, sino practicarla. Convertir el deseo político en forma de vida presente, como una práctica casi especulativa o una política prefigurativa.
En Tipi Kooperatiba llevamos más de una década intentando abrir pequeñas grietas en la forma en que se gestiona lo público y lo común. No hablamos de grandes proclamas, sino de procesos concretos: desde el urbanismo y la gobernanza local trabajamos para que las propias vecinas y los agentes del territorio puedan sentarse a pensar, negociar y decidir sobre aquello que necesitan, y sobre cómo organizar los recursos para hacerlo posible. La pregunta es sencilla y, al mismo tiempo, profundamente política: ¿quién decide sobre lo que es de todas?
En la exposición La tierra no será poseída encontré, sobre todo, un eco de ese empeño. Un hilo conductor que conecta con una línea de trabajo que desde hace años tratamos de impulsar: la colaboración público-comunitaria.
La Colaboración Público Comunitaria no es una consigna, sino una arquitectura institucional que busca democratizar la gestión y, en algunos casos, la titularidad de bienes y recursos. Se concreta en fórmulas diversas, pero comparte un principio: la cooperación entre sociedad civil organizada —comunidades, asociaciones, cooperativas— y administración pública para gobernar y gestionar de forma compartida servicios y bienes colectivos. No se trata de sustituir al Estado ni de delegarlo todo en la comunidad, sino de construir una alianza que ponga el bien común en el centro.
Esta fórmula, heredera en parte de sistemas comunales que han funcionado durante siglos en distintos pueblos del mundo, vive hoy un renovado impulso. Muchas de estas experiencias surgen como respuesta a la crisis ecosocial y a la necesidad de ensayar marcos institucionales más compatibles con los límites ambientales. Municipios y territorios diversos están experimentando con innovaciones democráticas para gestionar de manera cooperativa ámbitos tan esenciales como el agua, la energía, la vivienda, los cuidados, la alimentación o los espacios urbanos.
Desde el sector agroalimentario hasta las comunidades energéticas, pasando por servicios como la vivienda o los cuidados, la colaboración público-comunitaria demuestra que es posible gestionar lo colectivo al margen de la lógica estrictamente mercantil. Y no solo como alternativa ética, sino como modelo eficaz: genera impactos sociales, ambientales e incluso económicos que resultan imprescindibles en el presente y estratégicos de cara al futuro.
No hace falta viajar lejos para encontrar ejemplos concretos de esta forma de hacer política. En Hernani, el proyecto Hernani Burujabe se ha convertido en un laboratorio de soberanía local. La premisa es clara: planificar y gestionar desde el municipio aquellos ámbitos estratégicos para la vida –la vivienda, la energía, los cuidados, etc– y hacerlo a través de mesas sectoriales donde se sientan el vértice público, el tejido económico-cooperativo y la ciudadanía organizada. Es en ese espacio compartido donde se diseñan los proyectos, se asignan los recursos y se decide la orientación económica de cada sector. No se trata sólo de coordinar actores, sino de redistribuir poder. A medida que se consolidan estas dinámicas, el municipio gana soberanía frente a las inercias del mercado «libre» y promueve cooperativas que responden directamente a las necesidades de sus habitantes. La soberanía, aquí, no es un lema abstracto, sino una práctica administrativa y cotidiana.
En Galicia, persisten formas comunales que hunden sus raíces en siglos de historia. Los montes vecinales en mano común y traídas de agua gestionadas por parroquias siguen siendo estructuras vivas de autogobierno rural. La Comunidade de Montes de Couso, en la provincia de Vigo, es uno de los casos más paradigmáticos entre las más de 3.000 comunidades de montes existentes en Galicia. Tras recuperar la gestión vecinal del monte en 1984, inició en 2008 una apuesta decidida por su multifuncionalidad: producción forestal sostenible, dinamización cultural, proyectos ambientales y sociales. Todos los beneficios se reinvierten en el territorio. Y no solo en términos económicos. En los últimos años, la comunidad ha colaborado con agentes culturales y artistas para repensar colectivamente qué monte desean y necesitan. Así, el común deja de ser una reliquia jurídica del pasado para convertirse en un espacio de imaginación política. Entre asambleas, reforestaciones y proyectos culturales, el monte vuelve a ser lo que siempre fue: un lugar donde la comunidad se reconoce y se organiza.
El modelo público-comunitario ofrece un marco real para la reapropiación democrática de los bienes comunes y abre la puerta a otra política económica, basada en la soberanía colectiva sobre recursos básicos.
La politóloga Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, aportó una base empírica sólida a esta intuición. En Governing the Commons (El gobierno de los bienes comunales), analizó experiencias de gestión comunitaria en contextos tan diversos como Suiza, Japón, España, Turquía, Filipinas, Canadá o Sri Lanka. Su conclusión cuestionó el dogma de que solo la privatización o el control estatal centralizado garantizan la buena gestión: cuando las comunidades usuarias pueden diseñar sus propias reglas, establecer mecanismos de seguimiento y control y participar en estructuras de gobierno transparentes, la gestión de recursos comunes —pesquerías, acuíferos, pastos o bosques— puede ser no solo sostenible, sino más eficaz.
Los valores que atraviesan la colaboración público-comunitaria son claros: primar el bien común frente al beneficio económico y apostar por la justicia social a través de la acción colectiva. En un contexto bélico, de emergencia climática y de creciente desigualdad, repensar la gobernanza de los bienes y servicios básicos ya no es una opción teórica. Es una urgencia política.
Las comunas que resisten en territorios en disputa y las prácticas de colaboración público-comunitaria que hoy ensayan nuevas formas de gobernanza, laten una misma intuición: la tierra —y, con ella, los bienes que sostienen la vida— no puede seguir siendo tratada como mercancía. Si el conflicto por el suelo ha marcado la historia del capitalismo, también puede marcar el inicio de su transformación. Tal vez el desafío de nuestro tiempo consista en eso: en convertir la defensa de los comunes en proyecto político, en práctica cotidiana y en horizonte compartido; en hacer de cada grieta institucional, de cada comunidad organizada, no una excepción heroica, sino el anticipo tangible de otra forma de vivir juntas.